El 18 de marzo de 1938, el Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el histórico Decreto por el que se fundamentaba la expropiación petrolera, en vista de la falta de cumplimiento por parte de las compañías explotadoras, asentadas en México, con capital extranjero, documento que en su contenido enmarca las circunstancias existentes y la justificación del acto.

El Decreto expropiatorio dice así:

"CONSIDERANDO, Que es del dominio público que las empresas que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el Grupo Número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la única supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción XXI del artículo 123 de la constitución General de la República en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo.

CONSIDERANDO, Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspención total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que produzcan graves transtornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias; así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas estas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera"

En el Decreto que se comenta, en su artículo primero se declararon expropiados por causa de utilidad pública a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque,estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las compañías rebeldes a cumplir con la ley mexicana.

El pueblo de México, como un solo hombre, apoyó al General Cárdenas, que en forma tan legal, valiente y patriótica, puso en su lugar a las empresas rebeldes y estabilizó el imperio de la ley.